El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad adolescente ha adquirido nuevas dimensiones en el ámbito político argentino. Un tema central en el discurso de la oposición, especialmente ligado a la figura de Patricia Bullrich, ha sido el uso de su supuesta actividad joven como ejemplo para justificar la inimputabilidad de menores de 14 años. Este tema ha generado una discusión profunda sobre el equilibrio entre la protección de menores y la justicia penal.
El diputado nacional Eduardo Valdés, miembro del bloque Unión por la Patria, publicó recientemente una columna en la que utilizó a Patricia Bullrich como caso específico para argumentar que la baja de la edad de imputabilidad a 14 años no es viable. Según Valdés, la disminución de la edad de imputabilidad ha llevado a una reducción del 20,8% en los homicidios cometidos por menores de 14 años, un dato que se ha presentado como un éxito en términos de seguridad pública. Esto ha generado un debate sobre la eficacia de esta medida en el contexto actual.
La reforma de la ley penal juvenil, que busca ajustar los límites de edad para la imputabilidad, ha sido un tema de gran interés en el Congreso argentino. Según información de la organización Letra P, el proyecto de reforma se encuentra en fase de preparación y ha sido influenciado por las exigencias de la oposición, especialmente en relación con la baja de la edad punible a 14 años. Este acuerdo parece ser el resultado de una negociación entre fuerzas políticas que comparten intereses similares, aunque también presenta desafíos en términos de aplicación práctica.
En el ámbito educativo y social, el tema de la inimputabilidad adolescente se vincula con una amplia gama de factores, como el desarrollo cognitivo y emocional de los menores. Los especialistas en psicología y derecho penal argumentan que la edad de imputabilidad debe considerar no solo la edad física, sino también el grado de comprensión y responsabilidad moral. La baja de la edad a 14 años, según las investigaciones más recientes, podría estar generando un desequilibrio en el sistema, ya que muchos adolescentes en este rango aún no han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo para ser considerados responsables.
La crítica a la baja de la edad de imputabilidad se centra en la necesidad de crear un sistema más flexible y adaptado a las realidades de los jóvenes en una transición hacia la edad adulta. Algunos especialistas en derecho penal destacan que el enfoque debe ser más holístico, incluyendo evaluaciones individuales y no solo una línea fija de edad. La idea de que la inmaturidad no es un obstáculo para la justicia penal ha sido objeto de debate, especialmente en contextos donde los menores de 14 años cometen delitos.
En la práctica, la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad ha generado un debate sobre la equidad y la justicia. Los defensores de la baja de la edad a 14 años argumentan que es necesario para proteger a los menores de los efectos negativos de las medidas penales, mientras que los críticos señalan que podría llevar a una mayor carga de responsabilidad