Fentanilo Contaminado: Alerta Sanitaria y 96 Muertes en Argentina
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La crisis sanitaria desatada por el fentanilo contaminado continúa generando conmoción en Argentina. Las autoridades confirman que el número de fallecidos asciende a 96, mientras se investigan otros casos para determinar su vinculación con este opioide adulterado.
Investigación en Curso y Retiro de Ampollas
La justicia se encuentra rastreando el origen de nueve casos detectados en Bahía Blanca, cuya procedencia aún es incierta. Afortunadamente, se ha logrado incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas a nivel nacional, superando las 100.000 unidades. Estas ampollas estaban contaminadas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae, representando un grave riesgo para la salud pública.
Se confirmó que ninguna de las ampollas secuestradas fue administrada a pacientes, lo que reduce el riesgo de nuevos contagios. Sin embargo, la investigación busca determinar cómo se produjo la contaminación y quiénes son los responsables.
Allanamientos y Pedido de Informes
En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en Córdoba, donde se recolectaron historias clínicas para analizar. Paralelamente, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado para solicitar al Gobierno un informe detallado sobre los controles a los laboratorios involucrados en la producción del fentanilo contaminado.
El pedido de informes incluye 25 preguntas clave que abarcan desde la cantidad de afectados y fallecidos hasta el sistema de trazabilidad de los medicamentos y las acciones tomadas por la ANMAT. También se busca conocer la composición societaria de los laboratorios bajo investigación: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL.
Profundizando la Investigación y Buscando Responsabilidades
La Cámara de Diputados ha elevado un pedido urgente al Poder Ejecutivo para obtener respuestas claras y rápidas sobre esta crisis sanitaria. La justicia federal, a cargo del juez Ernesto Kreplak, investiga a 24 posibles sospechosos y ha dictado una inhibición general de bienes sobre ellos. El objetivo es determinar las responsabilidades en la elaboración y venta del medicamento adulterado y prevenir futuros incidentes de esta magnitud.
Esta situación representa uno de los mayores desafíos sanitarios en la historia reciente de Argentina, exigiendo una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades.