Chaco: Conflicto Salarial Docente por Cláusula Gatillo
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La provincia del Chaco ha confirmado que no abonará la cláusula gatillo a los docentes en el segundo semestre del año, argumentando la crítica situación financiera. Esta decisión ha provocado la inmediata reacción de los gremios docentes, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos salariales y amenazan con medidas de fuerza, incluyendo paros.
Guillermo Agüero, subsecretario de Coordinación Económica de Chaco, justificó la medida indicando que “no hay condiciones fiscales para sostener aumentos sin poner en riesgo los servicios básicos esenciales”. Agregó que la provincia enfrenta una deuda heredada de gran magnitud y que aplicar la cláusula gatillo en este contexto sería una irresponsabilidad.
Recomposición Salarial vs. Realidad Fiscal
Según Agüero, los salarios docentes experimentaron una recomposición real del 42% en 2024 y un aumento del 17,29% en lo que va de 2025, superando la inflación acumulada del 15%. Puso como ejemplo que un maestro que cobraba $205.000 en diciembre ahora percibe $800.000. No obstante, insistió en que no hay margen para nuevas actualizaciones salariales sin afectar áreas esenciales como salud, seguridad y educación.
Reacción de los Gremios Docentes
La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH), Rosa Petrovich, criticó duramente la decisión del gobierno provincial. “La cláusula gatillo no es un privilegio, sino un derecho adquirido por los trabajadores de la educación”, afirmó Petrovich, anticipando un posible conflicto si no se revierte la medida.
Posibles Escenarios
- Paros y movilizaciones por parte de los gremios docentes.
- Negociaciones entre el gobierno provincial y los representantes de los trabajadores.
- Afectación del ciclo lectivo en caso de prolongarse el conflicto.
El conflicto salarial en Chaco se suma a la tensión económica general en el país, donde la inflación y la recomposición salarial son temas centrales en la agenda pública. La situación en Chaco será un termómetro para medir la conflictividad social en el sector educativo en los próximos meses.