Causa Vialidad: Cristina Kirchner espera definición sobre domiciliaria
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La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Cristina Kirchner aguarda resolución sobre prisión domiciliaria
En el marco de la ratificación de su condena en la Causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner espera una resolución del juez Jorge Gorini sobre su pedido de prisión domiciliaria. Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), ha solicitado un informe socioambiental antes de tomar una decisión. Este proceso se desarrolla en un contexto de fuertes cuestionamientos al fallo y al proceso judicial en su conjunto, con acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
La defensa de la exmandataria argumenta que la prisión domiciliaria es una medida adecuada, teniendo en cuenta su edad y condiciones, y que no implica un privilegio ni impunidad. Este pedido se suma a las ya existentes críticas sobre la desproporcionalidad de las penas impuestas y la supuesta falta de imparcialidad judicial debido a los vínculos entre jueces y actores opositores.
El fiscal Diego Luciani, por su parte, había solicitado la detención inmediata de Kirchner tras la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, el juez Gorini mantuvo el plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten ante la justicia. Si no hay una definición antes de ese plazo, Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py, lo que podría generar movilizaciones masivas. La defensa busca que los trámites previos a la ejecución de la condena se realicen de forma remota. Se advierte sobre la exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La causa Vialidad se inició a partir de una denuncia presentada en 2008 por Elisa Carrió, basada en análisis de artículos periodísticos, publicaciones oficiales e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La denuncia apuntaba inicialmente a Néstor Kirchner y a empresarios beneficiados por la obra pública. Desde entonces, el caso ha sido objeto de controversia y debate público, con acusaciones de ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández y desigualdad en el tratamiento de la prueba.