La aprobación del régimen de inocencia fiscal en Argentina ha generado un importante debate sobre cómo el gobierno busca regularizar los ahorros informales que guardan las personas en dólares extraprescritos. Este nuevo régimen, dirigido específicamente a personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto a las ganancias, introduce una declaración jurada simplificada que reduce la carga administrativa y fomenta la formalización de fondos en el sistema financiero. Según los expertos citados por Infobae, la clave del éxito de esta medida radica en permitir que las personas recuperen el acceso a sus ahorros, algo que antes estaba limitado por la falta de transparencia en el sistema.
Uno de los aspectos más destacados de esta reglamentación es el cambio en el plazo de prescripción para reclamos del fisco, que ha pasado de cinco a tres años. Este ajuste no solo reduce el tiempo en el que las personas pueden ser objeto de reclamos por el fisco, sino que también ofrece una mayor flexibilidad para que los ciudadanos se involucren en la regularización de sus ahorros. Esto es crucial en un contexto en el que muchos argentinos conservan dinero en dólares extraprescritos, un fenómeno que ha estado creciendo a lo largo de los años.
El economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, destacó que la falta de regulación en el ámbito fiscal ha llevado a la creación de un grupo específico de personas que guardan sus ahorros en el extramuros del sistema financiero. Según sus datos, más del 60% de las personas en el país tienen ahorros informales en dólares, lo que representa una oportunidad para la regulación. El análisis de Abram sugiere que la reglamentación de la inocencia fiscal debe centrarse en la recuperación del acceso a estos fondos, ya que la mayoría de las personas no están conscientes de los riesgos asociados al ahorro informal.
La implementación de este régimen no solo beneficiará a las personas que han tenido ahorros en dólares extraprescritos, sino que también permitirá a las instituciones financieras reducir los riesgos de incumplimiento. Al regularizar estos ahorros, el gobierno podrá asegurar que los fondos estén bajo vigilancia y que no se generen riesgos de fraudes o desvío de fondos.
En el ámbito de los monotributistas, la reglamentación de la inocencia fiscal también implica cambios significativos. Estos ciudadanos, que tienen ingresos bajos y no pueden acceder a productos financieros tradicionales, podrían beneficiarse de una mayor flexibilidad en el manejo de sus ahorros. Este punto ha sido destacado por los expertos en el área, quienes señalan que la regulación debe ser gradual y adaptada a las necesidades de las personas.
Es importante destacar que la reglamentación de la inocencia fiscal no implica una mayor carga tributaria, sino una simplificación del proceso para que las personas puedan volver a disponer de sus ahorros. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de regularizar los ahorros informales con la protección de los derechos de los ciudadanos.
El gobierno debe seguir avanzando en la regulación de la