El Gobierno argentino oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando definitivamente la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. Esta decisión, que impacta directamente en más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.
La medida, anunciada oficialmente el 6 de febrero de 2026, busca abordar la crisis financiera que ha afectado al IOSFA desde hace años. Según datos del Ministerio de Salud, el presupuesto asignado al instituto ha disminuido un 25% en el último año, lo que ha generado un retraso en la entrega de medicamentos y servicios de salud para los beneficiarios. Este ajuste estructural tiene como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en el manejo de recursos, reducir la sobrecarga administrativa y asegurar un servicio más adecuado para cada grupo.
El proceso de separación se basa en un análisis previo de necesidades específicas de cada sector. Los militares, cuya obra social está vinculada a la estabilidad de las fuerzas armadas, requieren un sistema adaptable a exigencias militares y protocolos rigurosos. Por otro lado, los policías federales, con su enfoque en la prevención de delitos y la seguridad pública, necesitan un sistema que garantice rapidez en la atención y reduzca el tiempo de espera en emergencias.
La reestructuración implica la creación de dos entidades autárquicas: la Entidad Autárquica para la Salud Militar y la Entidad Autárquica para la Salud Policial Federal. Cada una tendrá autonomía para diseñar sus propios planes de acción, con el fin de optimizar las políticas y el servicio público. Este paso es visto como un avance hacia una administración más especializada y responsive, pero también genera preocupaciones sobre el costo financiero y la coordinación entre las dos nuevas instituciones.
Los sectores militares y policiales han respondido positivamente a la medida, destacando la importancia de una gestión separada para garantizar que las necesidades específicas de cada grupo sean atendidas adecuadamente. Sin embargo, también hay críticas sobre la falta de claridad en el presupuesto y la posibilidad de que la separación genere brechas en el acceso a servicios médicos, especialmente en zonas rurales o en situaciones de crisis.
La medida ha sido bien recibida por el sector público, quien considera que la separación facilitará la implementación de políticas más efectivas y específicas. Además, el gobierno ha anunciado la creación de un comité de seguimiento que evaluará el desempeño de ambas entidades cada seis meses, asegurando que no haya caídas en el nivel de atención médica.
En el contexto nacional, esta reestructuración refleja un enfoque más proactivo en la gestión de recursos públicos y la necesidad de adaptar sistemas a las demandas históric