La incertidumbre rodea al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de diciembre, con el gobierno nacional aún sin anunciar un aumento oficial. Tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, empresarios y sindicatos no lograron un acuerdo, dejando al Ejecutivo la potestad de definir el incremento por decreto. El valor actual del SMVM, fijado en $322.200 en noviembre, se encuentra por debajo de la canasta básica total, generando preocupación entre los trabajadores.
¿Decreto Inminente o Más Negociaciones?
La falta de consenso en el Consejo del Salario, donde participan representantes de las cámaras empresariales, las tres centrales sindicales y el Gobierno, ha llevado a la repetición de un escenario ya visto: la definición unilateral del SMVM por parte del Poder Ejecutivo. La Central de Trabajadores Autónoma (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores ya habían impulsado una acción cautelar exigiendo una reunión urgente para fijar el salario mínimo, ante la inacción del Consejo durante más de seis meses.
Reclamos y Movilizaciones en el Horizonte
Organizaciones sociales, políticas y sindicales, incluyendo el Frente de Lucha Piquetero, la UTEP y las dos CTA, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, exigiendo un salario que cubra la canasta familiar. Gabriela De La Rosa, referente del Polo Obrero en La Matanza, advirtió sobre la posible continuidad de las protestas en los primeros días de diciembre, buscando presionar por un aumento salarial significativo.
- La CGT propuso un SMVM de $512.000 en noviembre, con incrementos escalonados hasta $553.000 en abril de 2026.
- La CTA reclama un aumento que permita a los trabajadores cubrir la canasta básica familiar.
- Las organizaciones sociales exigen trabajo genuino y un aumento en los programas sociales.
La tensión aumenta a medida que se acerca diciembre, con la amenaza de nuevas movilizaciones y la expectativa de un decreto gubernamental que defina el futuro del Salario Mínimo Vital y Móvil. La situación económica del país y la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores se encuentran en el centro del debate.