Justicia rechaza pedido de Boudou y ANSES exige devolución millonaria
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La Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por el ex vicepresidente Amado Boudou, quien buscaba la restitución de su jubilación de privilegio. Paralelamente, la ANSES, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, demandó a Boudou para que devuelva $236 millones percibidos indebidamente durante el tiempo en que gozó de este beneficio, a pesar de su condena por corrupción en el caso Ciccone.
El Rechazo a la Cautelar de Boudou
Boudou argumentaba que la suspensión de su jubilación vitalicia por parte de la ANSES era ilegítima e inconstitucional, alegando que ya había cumplido su condena penal y que, por lo tanto, no existía razón válida para la revocación. Además, calificó la asignación como de “carácter alimentario”. Sin embargo, el Juzgado de la Seguridad Social N° 4 desestimó su solicitud.
La Postura de la ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social fundamentó su negativa basándose en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que regula las pensiones vitalicias. Según la ANSES, la finalidad de este beneficio es incompatible con haber cometido un delito en el ejercicio de la función pública. Esto se alinea con la postura del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que busca erradicar privilegios considerados injustos.
La Demanda Millonaria de la ANSES
La demanda por $236.066.031,25 más actualización, presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal, busca recuperar los haberes que Boudou cobró mientras estaba condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del caso Ciccone. Este caso investigó cómo Boudou, a través de terceros, se quedó con la imprenta privada más grande de Argentina, la cual tenía la capacidad de imprimir billetes.
El Caso Ciccone y la Condena de Boudou
En 2018, Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por su implicación en la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, lo que resultó en su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.