Escándalo en Santa Fe: Ex-Director de AFIP procesado y embargado por $700 millones
Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, enfrenta un duro revés judicial. El juez federal de Reconquista, Ricardo Mianovich, dictó su procesamiento junto al expresidente de Vicentin, Omar Scarel, por presunto encubrimiento en la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones.
La magnitud del caso es considerable. Vaudagna fue embargado por la impresionante suma de 700 millones de pesos, mientras que Scarel enfrenta un embargo de 200 millones. Se les acusa de encubrir maniobras que involucran más de 143 millones de pesos en reintegros de IVA.
Lavado de Activos: Un Delito Agravado
La situación de Vaudagna se complica aún más. En mayo de 2025, los fiscales Juan Argibay, Roberto Salum y Esteban Venditti solicitaron ampliar su indagatoria por el delito de lavado de activos. La acusación sostiene que Vaudagna habría introducido dinero de origen ilícito al sistema económico legal a través de diversas operaciones y empresas creadas o adquiridas entre 2015 y 2024. Se le imputa no solo encubrir un delito fiscal, sino también “blanquear” patrimonio obtenido de forma ilegal.
Tanto Vaudagna como Scarel están procesados como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por el delito precedente. En el caso de Vaudagna, la gravedad aumenta por su condición de funcionario público. Además, se le imputa el delito de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
¿Cómo funcionaba el esquema?
La investigación fiscal ha logrado establecer que, en el contexto de las maniobras atribuidas a Vaudagna y Scarel, se produjo la apropiación indebida de reintegros de IVA. Las pesquisas continúan para determinar el alcance total del fraude y la posible participación de otros individuos o empresas.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, así como la necesidad de investigar y sancionar cualquier conducta que atente contra el patrimonio del Estado.