La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su profunda preocupación con respecto a la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que concierne al Impuesto Inmobiliario Rural. En un comunicado reciente, la SRA argumentó que el proyecto de ley traslada facultades clave al Poder Ejecutivo, generando un clima de incertidumbre que impacta negativamente en la capacidad de planificación del sector agropecuario.
Críticas al Proyecto de Ley Fiscal
La SRA critica puntualmente el Artículo 133 de la Ley Fiscal, que, según la entidad, permite al Ejecutivo intervenir en las valuaciones de las propiedades rurales sin criterios claros ni una hoja de ruta consensuada. Esto, advierten, impide la necesaria consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva.
Artículos Problemáticos
- Artículo 133: Permite la intervención del Ejecutivo en valuaciones sin criterios claros.
- Artículo 167: Permite modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando la planificación.
Además, la SRA cuestiona el Artículo 167, que habilita la modificación de las cuotas del impuesto aún no vencidas durante el mismo ejercicio fiscal. Esto, afirman, socava la capacidad de planificación de los productores. También señalan que el esquema de bonificaciones carece de porcentajes definidos por ley, lo que añade aún más incertidumbre.
Reclamo a la Legislatura
La SRA insta a la Legislatura provincial a asumir su responsabilidad constitucional y a definir claramente los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural en la ley, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La entidad considera que la falta de parámetros claros por parte del gobierno provincial crea un escenario de inseguridad normativa que perjudica al sector.
En un contexto económico desafiante y con las recientes inundaciones que afectan a la provincia, la SRA subraya la necesidad de previsibilidad y reglas claras para el sector agropecuario. La incertidumbre generada por la Ley Fiscal, según la entidad, podría tener un impacto negativo en la producción y el desarrollo rural de la provincia de Buenos Aires.