Un escándalo de corrupción sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salpicando directamente a figuras cercanas al gobierno actual. Audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Según las explosivas declaraciones de Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente, estaría recibiendo un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Esta droguería, a su vez, cobraría un 8% adicional a los proveedores. Se estima que este entramado ilícito generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su considerable influencia en la gestión de la ANDIS. La gravedad de las acusaciones ha generado una ola de indignación y exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La sombra de la corrupción planea sobre la administración actual, poniendo en tela de juicio la transparencia y la ética en el manejo de fondos públicos destinados a un sector vulnerable de la sociedad. Este escándalo podría tener consecuencias políticas significativas y erosionar la confianza en el gobierno.
¿Qué sigue?
La justicia deberá investigar a fondo las denuncias de Spagnuolo, analizando la documentación y los testimonios para determinar si existió un esquema de corrupción y quiénes fueron los responsables. La transparencia en el proceso será crucial para garantizar la credibilidad de la investigación y evitar suspicacias.
La sociedad argentina espera respuestas claras y contundentes ante estas graves acusaciones. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para fortalecer las instituciones y garantizar un gobierno honesto y eficiente.