Cristina Kirchner: ANSES Revoca Pensión. ¿Lawfare en Argentina?
La Justicia ha rechazado una medida cautelar presentada por Cristina Fernández de Kirchner buscando recuperar su pensión por viudez, desencadenando una nueva controversia en torno a las acciones del gobierno actual y las acusaciones de persecución judicial selectiva.
El Rechazo Judicial y la Respuesta de ANSES
La jueza federal Karina Alonso Candis denegó la solicitud de la exmandataria para restablecer la pensión mensual vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Esta decisión se produce tras la orden del presidente Javier Milei, en noviembre de 2024, de suspender tanto la pensión por viudez como la jubilación de Cristina Kirchner, mediante la Resolución ANSES 1091/2024.
Ahora, la ANSES avanza en la recuperación de cerca de mil millones de pesos que Cristina Fernández de Kirchner cobró en los últimos años por jubilación y pensión.
¿Persecución Judicial o Legalidad?
La defensa de Cristina Kirchner argumenta que la suspensión de la pensión y la jubilación viola sus derechos a la seguridad social, invocando el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se alega que la demora en la resolución judicial afecta su subsistencia y que la medida cautelar no resuelve el fondo del asunto, dado que existe una sentencia firme previa.
Sin embargo, el gobierno justifica su accionar basándose en la condena de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, argumentando que dicha condena representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño en el cargo, requisitos para acceder al beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes.
Causa Vialidad: Críticas y Controversias
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos advierten sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo:
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La controversia continúa, alimentando el debate sobre la independencia judicial y el respeto a las garantías constitucionales en Argentina.