Discapacidad en Alerta: Aumentos Insuficientes Desatan Críticas

Discapacidad en Alerta: Aumentos Insuficientes Desatan Críticas

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El sector de la discapacidad en Argentina se encuentra en estado de alerta tras considerarse insuficientes los aumentos ofrecidos por el gobierno nacional para el nomenclador de prestaciones básicas. La propuesta oficial, presentada en una reunión del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones y prestadores del sector.

Aumentos por Debajo de la Inflación: Un Sector en Crisis

El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que los porcentajes de aumento propuestos (14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre para algunas prestaciones, y 12%, 8.25% y 7% para otras) son claramente insuficientes frente a la inflación acumulada y los costos reales de funcionamiento. Se advierte sobre la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios esenciales a personas con discapacidad.

Incumplimiento de la Ley de Emergencia

Además, el Foro subraya que el Gobierno Nacional continúa sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplias mayorías en el Congreso. Esta ley, que buscaba brindar un marco de protección y apoyo al sector, sigue sin ser implementada en su totalidad.

Detalles de la Propuesta Oficial

La oferta de aumentos del gobierno se divide en dos categorías:

  • a) Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (total acumulativo del 35,43%). Aplica a transporte, rehabilitación (Módulos, Hospital de día e internación), Hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo.
  • b) Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%). Para las prestaciones no nombradas anteriormente.

El representante de los prestadores en el directorio votó en contra de la propuesta oficial, presentando una moción alternativa que no prosperó.

Reclamos y Perspectivas

El sector de la discapacidad exige la aplicación integral de la Ley de Emergencia y un aumento del nomenclador que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. La situación actual genera incertidumbre y pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.

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