Milei veta fondos a universidades: ¿Ataque a la educación pública?
Milei Veta Ley de Financiamiento Universitario: ¿Qué Sigue?
El presidente Javier Milei ha vetado la ley de financiamiento universitario, generando controversia y poniendo en alerta a la comunidad educativa. La medida, remitida al Congreso este miércoles, ha sido recibida con críticas por la oposición, que ahora evalúa la posibilidad de rechazar el veto en una sesión especial programada para el próximo miércoles.
La ley vetada, que buscaba actualizar automáticamente los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de investigación según la inflación, había sido aprobada previamente en Diputados con una amplia mayoría. Sin embargo, esta mayoría no alcanza los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial. Además de esta ley, se espera que el gobierno también vete la declaración de emergencia en pediatría y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incrementando la tensión política.
¿Por Qué Milei Veto la Ley?
El gobierno justifica el veto argumentando que la ley representa un costo fiscal demasiado alto, poniendo en riesgo el superávit fiscal, un pilar fundamental del plan económico de Milei. En el Boletín Oficial, el gobierno argumenta que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar las fuentes de financiamiento para gastos no previstos en el presupuesto.
Reacciones y Próximos Pasos
La decisión de Milei ha desatado una ola de reacciones. Sectores de la oposición denuncian un ataque a la educación pública y analizan estrategias para revertir el veto. Se espera una sesión especial en el Congreso para debatir el tema. Mientras tanto, el gobierno promete una propuesta superadora para abordar el financiamiento universitario.
En medio de este panorama, vale la pena recordar la situación de Cristina Fernández de Kirchner y la Causa Vialidad, que ha sido objeto de críticas por supuestas irregularidades y falta de imparcialidad judicial. Algunos sectores denuncian lo que consideran un caso de lawfare, con acusaciones de persecución judicial y mediática, violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas y desigualdad en el tratamiento de la prueba.
Además, recientes revelaciones sobre el Escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculan indirectamente a figuras cercanas al gobierno, incluyendo acusaciones sobre comisiones irregulares. Aunque no hay imputaciones formales, el caso genera interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.
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