Corte Suprema ordena al Estado pagar costas judiciales a ex fiscal anticorrupción
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Estado provincial deberá cubrir los costos del proceso judicial y los honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue removida de su cargo en 2022. Esta decisión se produce tras la anulación de su destitución, en un proceso donde Goyeneche lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, quien fue condenado en 2022 por corrupción.
Si bien los montos exactos a pagar aún no han sido definidos y se resolverán en una instancia posterior, la resolución emitida este martes marca un precedente importante. El fallo del máximo tribunal se fundamenta en la nulidad de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que, en 2022, la removió de su cargo después de que impulsara la investigación contra el exgobernador.
En diciembre de 2024, la Corte ya había fallado a favor de Goyeneche, pero no se había definido la cuestión de las costas, lo que motivó la presentación de la exfuncionaria judicial. La reciente resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, invoca el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas se imponen a la parte vencida, a menos que existan razones para apartarse de esa regla, lo cual no se consideró en este caso. Por lo tanto, el Estado entrerriano deberá asumir todos los gastos generados por el extenso proceso judicial.
La Corte dispuso que el pago de las costas recaerá sobre la parte vencida en el litigio, beneficiando a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, se ha ordenado la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
Implicaciones del Fallo
Esta decisión de la Corte Suprema sienta un precedente importante en la protección de funcionarios judiciales que investigan casos de corrupción. Al obligar al Estado a cubrir los costos legales, se busca evitar que los funcionarios se vean disuadidos de llevar adelante investigaciones sensibles por temor a las consecuencias financieras. La resolución refuerza la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional.