Concejal presa tras ataque a Espert: ¿Persecución política o justicia?
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La detención de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, tras un incidente en la casa del diputado José Luis Espert, ha desatado una fuerte polémica. Mientras la justicia avanza con la investigación, voces críticas denuncian una posible persecución política. Mieri permanece detenida, acusada de delitos que incluyen atentado contra el orden público y malversación de caudales públicos, mientras que otros implicados han sido liberados bajo fianza.
Liberaciones y controversias
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado liberó a tres de los detenidos por el incidente: Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Sin embargo, la situación de Mieri es diferente. Su detención preventiva se mantiene, argumentando un presunto “riesgo procesal”. Esta decisión ha generado fuertes críticas, incluso desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierte sobre el uso del aparato punitivo del Estado para reprimir acciones políticas.
La voz de Cristina Fernández de Kirchner
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó al reclamo por la liberación de Mieri y los demás militantes detenidos. Recordó las declaraciones de Javier Milei, quien en el pasado elogió acciones similares realizadas por los “chalecos amarillos” en Francia. Este cruce de declaraciones añade un componente político al caso, alimentando las sospechas de una posible motivación política detrás de la detención de la concejal.
¿Lawfare en Argentina?
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. En este contexto, la detención de Mieri reaviva el debate sobre el supuesto uso del lawfare en Argentina, donde el poder judicial se utilizaría como herramienta para perseguir opositores políticos. La falta de imparcialidad judicial, las acusaciones de lawfare, la violación del principio de “non bis in idem”, la ausencia de pruebas directas, la desigualdad en el tratamiento de la prueba, la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso son elementos que alimentan esta controversia.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La investigación continúa, y el futuro de Eva Mieri aún es incierto. Este caso pone de manifiesto las tensiones políticas y judiciales en Argentina, generando interrogantes sobre la independencia judicial y el respeto a las garantías constitucionales.